sábado, 26 de mayo de 2018

SOBRE LA REPRESIÓN A LOS METRODELEGADOS EL 22 DE MAYO DE 2018

                                                     
                                                     Los “libertadores” que echaron a Perón en septiembre de 1955, criticaban y no sin alguna lógica enraizada en su perspectiva liberal, entre varias otras sinrazones argumentadas para acabar en los hechos con la columna vertical del Movimiento Justicialista,  la existencia del  sindicato único y vertical. Tanto que la Convención Constituyente de 1957 dispuso en el primer párrafo del artículo 14 bis, incorporado a la Constitución Nacional, la “organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial”; algo que vuelve a explicitar el texto y el espíritu del artículo primero de la Ley de Asociaciones Sindicales número 23.551de 1988.
                                                               Sin embargo, ahora resulta ser  que actúan fuera de la ley laboral los metrodelegados de los subterráneos porteños, cuya representatividad es evidente y que tuvieron personería gremial hasta que nuestro  inefable  máximo tribunal , con la firma  de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, dejara firme la sentencia que declaró la nulidad de la Resolución del Ministerio de Trabajo suscripta por el entonces ministro del área Carlos Tomada, que había otorgado personaría gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro.     
                                                             Con ese oportuno instrumento de la Corte en la mano -y en los garrotes policiales-, se reprimió y encarceló a los delegados obreros el otro día y el Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se paseó por los canales oficialistas acusando de ilegal el paro del 22 de mayo, continuación de un plan de lucha dispuesto y votado en asamblea por los trabajadores con justificación más que suficiente frente al desquicio económico al que es obvio referirse. Lo cierto es que hoy la letra de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia parece ser que pueden soslayarse cuando las circunstancias así lo requieren. Y ello en tanto la señora Carrió cacarea su republicanismo frente a periodistas amigos del poder que no osan repreguntar y que con extrema delicadeza no insisten cuando la legisladora se niega a dar los nombres de los presuntos desestabilizadores que denuncia.
                                                             Por  mi parte, me permito decirle al doctor Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de la CABA, que no es solamente la UTA (Unión Tranviarios Automotor) que mira para otro lado frente a la crisis actual y el fantasma corporizado aquí y ahora del FMI, la única representación válida de los trabajadores de los Subterráneos -en todo caso podrá y así lo hizo presta esa organización, negociar en los términos del artículo 25 de la LAS (Ley de Asociaciones Sindicales) la paritaria a menos, impuesta por su burocracia a los afiliados y a los que no lo son- y que los metrodelegados con Segovia a la cabeza que siguen discutiendo su personaría gremial y denuncian la persecución de la que son objeto ante la OIT, no son delincuentes o poco menos. Así como tampoco técnicamente son huelgas salvajes las del metro porteño.
                                                                 ¿Por qué? Sencillo: debido a que rige en el país  “la organización sindical libre y democrática” y la falta de personería gremial no impide la conformación de otros gremios de la actividad. En todo caso el tema del encuadre sindical, estudiado por tratadistas como el profesor Carlos Alberto Etala,  es una “vexata quaestio” del Derecho Colectivo de Trabajo. Hasta resolverla sería bueno no llenar comisarías con  representantes indubitables de las bases, gusten o no al poder de turno. Y tampoco enviar telegramas anunciando sanciones al personal por ejercer el derecho de huelga. 


(CARLOS MARÍA ROMERO SOSA, se publicó en la Revista Con Nuestra América, de San José de Costa Rica, el 26 de mayo de 2018)   




sábado, 12 de mayo de 2018

LA INVASIÓN NORTEAMERICANA A SANTO DOMINGO EN 1965

                                      Suelo leer con atención los artículos del doctor Armando Ribas publicados en el matutino La Prensa –de Buenos Aires- y más allá de las infranqueables diferencias que tengo con el ideario del ex diputado  nacional por la UCD, el partido fundado por el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, consecuente funcionario de dictaduras militares, son ellos demostrativos de una severidad intelectual y un sustento doctrinario propios de una derecha económica que se reconoce tal y poco tiene que ver con las frases trilladas  del tipo de “Estamos cerca de la gente”, “Somos un equipo”,  “Los K. se robaron todo”; de las demagógicas timbreadas y del marketing duranbarbiano de la vergonzante y mal disimulada derecha macrista.
                                         Dicho esto debo hacer una aclaración a la nota del domingo 22 de abril del corriente titulada: “Actualidad cubana: crimen sin castigo”. Se dice allí, al criticar la actitud del presidente Kennedy de negarse a prestar ayuda aérea  durante la invasión en abril de 1961 –en gran medida mercenaria- a la cubana Bahía de Cochinos, la siguiente frase: “Afortunadamente para los dominicanos llegó Jhonson al poder y mandó a los marines a Santo Domingo para destituir al presidente general Caamaño entonces partidario de Fidel Castro”. La figura del coronel -no general- Francisco Alberto Caamaño Deñó (1932-1973), elegido a los 32 años de edad  presidente de la República Dominicana por el Congreso Nacional cuando la invasión de más de 41.000 efectivos norteamericanos a la Isla, declarado Héroe Nacional mediante la ley 58 promulgada durante el gobierno de Leonel Fernández en 1999 y cuyos restos descansan desde ese año en el Panteón Nacional, es merecedora de respeto y admiración por cuantos creemos en la autodeterminación de los pueblos, la soberanía territorial  y  tomamos ejemplo de la esforzada y desigual lucha de los patriotas de las diferentes naciones sometidas al poder del imperialismo capitalista. Caamaño cayó asesinado el 16 de febrero de 1973, bajo el gobierno de Joaquín Balaguer,  luego de ser herido y hecho prisionero a poco de desembarcar con un grupo guerrillero en Playa Caracoles.
                                     En cuanto a aquella invasión a Santo Domingo, elogiada por el doctor Ribas,  fue la segunda llevada a cabo por los Estados Unidos a la tierra Quisqueya. La primera duró desde 1916 a 1924  y se inició cuando ejercía la presidencia de la República el doctor Francisco Hernández Carvajal, un intelectual al que por cierto sería anacrónico tachar de castrocomunista. Ese mandatario fue padre del ilustre humanista Pedro Henríquez Ureña, quien se radicó en la Argentina a partir de 1924 dejando aquí una pléyade de discípulos.  Es aleccionador leer las páginas del argentino  Manuel Ugarte contra aquel desembarco, así como las de Ricardo Rojas que en su biografía de Hipólito Yrigoyen: “El hombre del misterio”, historió la orden del presidente radical al comandante del crucero 9 de Julio al pasar frente a la Fortaleza Ozama: “Id y saludad al pabellón dominicano”. (Y no al de franjas y estrellas de los invasores que representaban “El peligro exterior”, así graficado lúcidamente por Alfredo Palacios en un posterior artículo).   
                                     La otra intervención armada se verificó en 1965, bajo el pretexto de defender la integridad de los ciudadanos  yanquis. En verdad resultó ser una respuesta reclamada por las oligarquías nativas, el remanente del trujillismo, las empresas multinacionales y sectores reaccionarios de la Iglesia Católica, a la Revolución del 24 de abril de ese año, que buscaba  devolver a la Nación el orden constitucional violado al expulsar del poder el 25 de septiembre de 1963 al profesor Juan Bosch, líder del Partido Revolucionario Dominicano. Esa incursión del País del Norte produjo más de diez mil muertos en la población dominicana, gran parte de ellos civiles y otros militares como el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, masacrado en una emboscada de los marines y también oficialmente declarado Héroe Nacional en 1999. “La moral yanqui es elástica cuando se la aplica fuera de los Estados Unidos”, escribió en su hora Pedro Henríquez Ureña en  “La América Española y su originalidad”. Lo cierto es que ante el tenor de los acontecimientos del 65´ y el repudio mundial al asalto extranjero, la OEA, digitada por los EE.UU, dispuso enviar una “Fuerza Interamericana de Paz”. En la Argentina gobernaba el doctor Illia y su gobierno se negó dignamente a participar de ella. Incluso, según anota el embajador José R. Sanchís Muñoz en su libro “Historia Diplomática Argentina” (Eudeba, 2010), el Congreso dio a conocer una declaración de condena a la agresión estadounidense, ratificando el respeto de la República Argentina al principio de no intervención. 
                                           
                                         Me queda por mencionar algo que no resulta para mí un dato menor: me honra con su amistad el señor capitán Francis Caamaño (hijo), con el que nos vinculamos en abril de 2012 en el ámbito de la XV Feria Internacional del Libro Dominicano donde fuimos partícipes ambos, en mi caso en calidad de invitado extranjero.  Este militar y Licenciado en Ciencias Políticas  es autor de una biografía de su padre que me obsequió entonces con una generosa dedicatoria y que todo latinoamericano debiera leer.



(Carlos María Romero Sosa, se publicó en la revista Con Nuestra América, de San José de Costa Rica, el 5 de mayo de 2018 y se reprodujo en LA PRENSA, de Buenos Aires,  el 8 de mayo. Asimismo por gentileza del escritor y ex Ministro de Cultura  de la República Dominicana, licenciado José Rafael Lantigua,  ha sido reproducido en medios gráficos de Santo Domingo. )