“Que ser cobarde no valga la pena”
canta Joaquín Sabina; y aunque para evitar generalizaciones no corresponda tachar
de ser tales a los docentes que por distintos motivos concurren a dar clase en
la provincia de Buenos Aires en vez de adherir al paro dispuesto por los
gremios, el inverosímil y para colmo
exiguo premio ofrecido por la gobernadora Vidal a quienes rompan la huelga: 1.000
pesos, dos “yaguaretés” apenas, permite
afirmar que para este conflicto, por de pronto, puede darse por cumplida
la idealista y ética aspiración del artista
español.
Nada es sencillo en el
mundo de la política, menos laudar en
forma salomónica en la puja distributiva siempre sectorial. Y cuánto más si una
de las fracciones es el Estado en tanto empleador y sus representantes los
interpelados por las demandas salariales
y de mejores condiciones de trabajo. Pero el hecho de estar del otro lado del
escritorio, es decir en función patronal,
no debe significar enfrentarse de cualquier modo con los trabajadores, avasallándolos
a ellos y a sus organizaciones constituidas de manera legal. Sencillamente
porque así llevará las de ganar el más fuerte que no es otro que el Estado, en
detrimento del espíritu que informa el Derecho Laboral y sus principios
protectorios, precisamente de la parte más débil en la relación de trabajo.
Por eso y más allá de que pueda criticarse la metodología de SUTEBA, incluso
desde un punto de vista táctico ya que a nadie escapa que las huelgas reiteradas
o por tiempo indeterminado terminan por desgastarse, resulta increíble el
mensaje oficial que viene siendo dado con relación a las medidas de fuerza de
los maestros bonaerenses. Primero aparecieron
“voluntarios” rompehuelgas en una campaña mediática que se sospecha con
fundamento organizaron los servicios progubernamentales, bien que cuando ella subió
al tono del escándalo, las autoridades se desligaron del tema
reclamando ser ajenas a esos “espontáneos”
que se decían preocupados por la
ausencia de los niños a las aulas.
Sin embargo, ahora, es por boca de la señora gobernadora que se ha
escuchado la decisión de premiar a los no huelguistas. Un dilate que
se da de bruces con la legislación laboral
vigente en el país, como por ejemplo el artículo 53 de la ley 23.551 de
asociaciones sindicales, que enumera las prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones
profesionales del trabajo por parte de los empleadores, además de contradecir
las recomendaciones en la materia de la OIT. Y ni qué hablar de los ataques y amenazas al
líder sindical Baradel, del promocionado descuento por cada día no trabajado
por el paro o de las denuncias recogidas
por varios medios de prensa sobre incursiones de personal policial en escuelas
para pedir el listado de los que no concurren a ellas. Y hasta en un “crescendo” de tensión,
el hecho de que el gobierno de la
provincia presentó un informe al ministro de Trabajo de la Nación para que se castigue
a los gremios de la actividad que no acataron una dudosa conciliación
obligatoria, por lo demás objetada por la Justicia.
Como era de esperar en esta guerra sin cuartel promovida desde el poder contra los docentes, van al frente regimientos
de “gurkas” mercenarios, emulando a los ingleses en Malvinas. Se trata de los formadores de opinión de los que algún
permeable público televisivo, devenido lacrimógeno ante las aulas vacías en
estas jornadas de lucha y pestalozziano por su súbita vocación pedagógica, repite zonceras del tipo de “apoyamos el reclamo de
los maestros pero no el paro”, “hay que
discutir la educación pública y no sólo los salarios” o “el secretario general
de SUTEBA, Roberto Baradel, es kirchnerista que pone piedras y el país se
expresó por el cambio”. Ese mismo público habla con liviandad contra la reclamada paritaria
nacional docente exigida por ley nacional,
pone en duda el presentismo de los trabajadores de la educación y cuestiona –esta vez con razón- la deficiente
infraestructura edilicia de las escuelas
públicas; problemas algunos contra los cuales, dicho sea de paso, se precavió en salud la mayoría de los actuales gobernantes que concurrieron
a colegios onerosos y universidades privadas.
Mientras
tanto las movilizaciones de los huelguistas impresionan por su número y por el
apoyo popular que reciben; y en la escalada del conflicto se ha declarado para los próximos días una medida de fuerza a
nivel nacional de los docentes.
(Carlos
María Romero Sosa, se publicó en Salta Libre. net, el 21 de marzo de 2017 y se
reprodujo en la revista Con Nuestra América, de Costa Rica, el 25 de marzo.)
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