Desde
el año 2009 en que renunció Eduardo René
Mondito al cargo en el que había sustituido a su primer titular, doctor Jorge
Maiorano, no ha sido designado Defensor
del Pueblo de la Nación. La
Defensoría es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso que,
como es sabido, fue creado al
incorporarse el nuevo artículo 86 al
texto de nuestra Carta Magna por la reforma de 1994. Según reza dicha norma tiene por misión “la Defensa y protección de los
derechos humanos y demás derechos,
garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos,
actos u omisiones de la
Administración ; y el control del ejercicio de las funciones
administrativas públicas.” Entre los primeros juristas que impulsaron la creación en nuestro país del
Ombudsman –institución de origen sueco en la que algunos doctrinarios hallan
similitudes con ciertos institutos medievales hispanos- cabe mencionar al constitucionalista Miguel Padilla quien en 1972 publicó el libro
“La institución del comisionado
parlamentario: (el Ombudsman)”.
Asimismo debiera recordarse al profesor Alberto Spota reclamando más o menos
por esos tiempos desde su cátedra universitaria y poco después en artículos en
revistas jurídicas, que los derechos ciudadanos fueran tutelados por algún
funcionario ajeno al Poder Ejecutivo para así tener ellos cierta vía de efectividad.
En la actualidad, cuando solemos padecer los oídos sordos de la mayoría de
nuestros representantes cuyas decisiones sacadas de la galera resultan ser nuevos impuestos o subas impagables de los servicios
públicos, “ukases” que modifican las
condiciones de vida de los administrados al punto de deteriorarla, es más que
nunca imprescindible y no solo aconsejable la designación de un Defensor del
Pueblo de la Nación. En
ese sentido y ajeno a todo partidismo, entiendo
como muchos conciudadanos que la honestidad, eficiencia y laboriosidad demostrada
en su extensa trayectoria publica por el doctor Héctor Polino como concejal
porteño, secretario de Acción Cooperativa designado por el doctor Raúl Alfonsín
y varias veces diputado nacional, lo haría merecedor a ese cargo al que honraría. Tanto más que desde antiguo
pero con especial dedicación en los últimos años, Polino desafiando malas caras
de funcionarios, se ha convertido en un insobornable referente de la defensa de
los derechos del consumidor al denunciar tanto ayer los dudosos números del
INDEC como hoy la inflación galopante que padecemos y que se acentúa en los
precios de la canasta básica.
(Carlos María Romero Sosa, se publicó en La Prensa el 23 de enero de 2019 y se reprodujo en la Revista Con Nuestra América, de San José de Costa Rica, el 9 de febrero de 2019.-)
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